Noviembre 17, 2026
El impuesto de industria y comercio (ICA) es el tributo municipal que pagan las personas y empresas por realizar actividades industriales, comerciales o de servicios en un municipio o distrito de Colombia. Se calcula sobre los ingresos brutos, no sobre las utilidades, y cada concejo fija su tarifa dentro de los límites de la ley.
La pregunta que más problemas genera no es cuánto se paga, sino dónde. Una empresa con sede en una ciudad, bodega en otra y clientes en todo el país puede terminar declarando donde no le corresponde o recibir un emplazamiento de un municipio donde nunca operó. Esta guía explica el hecho generador, las reglas de territorialidad de la Ley 1819 de 2016, el cálculo del impuesto y lo que decidió el Consejo de Estado en 2026. Las reglas son nacionales; Bogotá aparece solo como ejemplo de aplicación municipal.
El impuesto de industria y comercio es un tributo municipal que grava la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de la jurisdicción de un municipio o distrito, de forma permanente u ocasional y con o sin establecimiento de comercio. Lo administra cada municipio y se liquida sobre los ingresos obtenidos en esa jurisdicción.
Su origen es el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 195 del Decreto Ley 1333 de 1986. La Ley 1819 de 2016 actualizó la base gravable (art. 342), la territorialidad (art. 343), el formulario único nacional (art. 344), la definición de servicios (art. 345) y el régimen preferencial para pequeños contribuyentes (art. 346).
El Congreso define los elementos esenciales del impuesto: hecho generador, sujetos, base gravable y territorialidad. Los concejos lo adoptan en su estatuto tributario y fijan la tarifa dentro de los rangos legales, la periodicidad, el calendario y las exenciones temporales. Un acuerdo municipal que amplíe el hecho generador o cambie la regla de territorialidad puede demandarse.
El impuesto de avisos y tableros (art. 37 de la Ley 14 de 1983) equivale al 15 % del ICA y solo se causa si la empresa coloca avisos, tableros o vallas en el espacio público o visibles desde él, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. La sobretasa bomberil la autoriza el artículo 37 de la Ley 1575 de 2012; cada municipio decide si la adopta, su tarifa y a quién se cobra. En Bogotá y Medellín es del 1 % del ICA; en Bogotá, además, solo la pagan quienes tienen ingresos netos de al menos 38.000 UVT en el año (arts. 22 y 23 del Acuerdo 1084 de 2026).
El hecho generador del ICA es la realización, directa o indirecta, de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción de un municipio, de forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados y con o sin establecimiento de comercio. Lo que se grava es la actividad, no la utilidad ni el domicilio de quien la realiza.
Por eso el impuesto se causa aunque la empresa tenga pérdidas, y no hace falta tener oficina en el municipio. Cada actividad tiene su definición legal, y clasificarla mal lleva a declarar en el municipio equivocado o con la tarifa incorrecta:
Sí, porque la ley grava también la actividad ocasional. Si una firma de ingeniería de Bogotá ejecuta durante tres semanas un proyecto en Barranquilla, los ingresos de ese servicio se causan en Barranquilla aunque no tenga allí oficina. Muchos estatutos municipales prevén una declaración especial para contribuyentes ocasionales.
Las no sujeciones las fija la ley; las exenciones las conceden los concejos de forma temporal. El artículo 39 de la Ley 14 de 1983 (art. 259 del Decreto Ley 1333 de 1986) prohíbe gravar, entre otras, la producción primaria agrícola, ganadera y avícola sin transformación, los artículos de producción nacional destinados a la exportación, ciertas explotaciones mineras cuando las regalías igualan o superan el ICA, y algunas actividades de entidades educativas públicas, de beneficencia, gremiales sin ánimo de lucro y hospitales públicos. La venta de activos fijos y las exportaciones también se excluyen de la base (art. 342 de la Ley 1819 de 2016).
Deben pagar el ICA las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades de hecho y los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos que realicen el hecho generador en un municipio. Esto incluye a profesionales independientes y a empresas sin establecimiento físico en esa jurisdicción, siempre que la actividad se entienda realizada allí.
Los sujetos pasivos están en el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012. Quien inicia una actividad gravada debe inscribirse en el registro de ICA de cada municipio donde la realice, una de las obligaciones tributarias al crear una empresa que más se omite cuando la operación se extiende a otras ciudades. Los pequeños contribuyentes pueden quedar en el régimen preferencial que el municipio adopte con base en el artículo 346 de la Ley 1819 de 2016.
El ICA se paga en el municipio donde se realiza la actividad gravada, no necesariamente en el domicilio. Según el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, la industria tributa en la sede fabril; el comercio, donde está el establecimiento o donde se perfecciona la venta; y los servicios, donde se ejecutan, con excepciones para transporte y telecomunicaciones.
Estas reglas rigen desde el 1 de enero de 2018 en todo el país, y ningún estatuto municipal puede reemplazarlas por criterios como el domicilio del cliente o el lugar de entrega:
| Actividad | Dónde se causa el ICA | Ejemplo ilustrativo |
|---|---|---|
| Industrial | Sede fabril, sobre los ingresos por la venta de lo producido | Fábrica en Funza que vende en todo el país declara en Funza |
| Comercial con establecimiento o punto de venta | Municipio donde está el establecimiento | Tienda en Cali declara en Cali |
| Comercial sin establecimiento | Municipio donde se perfecciona la venta (donde se acuerdan precio y cosa) | Distribuidor que aprueba cada pedido desde su sede |
| Ventas a distancia (en línea, catálogo, correo, televentas) | Municipio desde donde se despacha la mercancía | Tienda virtual con bodega en Cota declara en Cota |
| Inversionistas | Sede de la sociedad en la que se tienen las inversiones | — |
| Servicios (regla general) | Lugar donde se ejecuta la prestación | Auditoría ejecutada en la planta del cliente en Pereira |
| Transporte | Municipio desde donde se despacha el bien, la mercancía o la persona | Carga despachada desde Buenaventura |
| TV por suscripción, internet y telefonía fija | Municipio del suscriptor, según el contrato | — |
| Telefonía móvil, navegación móvil y datos | Domicilio principal del usuario registrado en el contrato | — |
| Sector financiero y servicios públicos domiciliarios | Reglas especiales del art. 211 del Decreto Ley 1333 de 1986 y de la Ley 383 de 1997 | — |
En el comercio sin establecimiento, el Ministerio de Hacienda (Concepto 021343 de 2017) y el Consejo de Estado entienden que la venta se perfecciona donde las partes acuerdan el precio y la cosa. La Corte Constitucional declaró exequibles esta regla y la de ventas a distancia en la Sentencia C-056 de 2019. En los servicios cuenta el lugar de ejecución, no el de firma del contrato ni el de facturación. Para los servicios prestados en remoto la ley no trae una regla especial. El Ministerio de Hacienda (Concepto DAF 34362 de 2022) mantiene el criterio del lugar de ejecución y, para servicios digitales, lo asocia con el sitio donde están los equipos o el personal que presta el servicio, pero aclara que se define caso a caso. Por eso conviene documentar desde dónde se ejecuta cada servicio.
En la sentencia del 5 de marzo de 2026 (Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2023-00317-01, número interno 29691, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), el Consejo de Estado anuló la sanción que un municipio del Valle del Cauca impuso a una cadena comercial por no declarar ICA de 2015 a 2019. La empresa enviaba mercancía a clientes de ese municipio desde un centro de distribución ubicado en otro, sin tener allí establecimiento ni puntos de venta.
La Sala precisó que no definen la territorialidad el lugar de entrega, el domicilio del cliente, la toma de pedidos por teléfono o por asesores, la facturación en la sede principal ni las labores de seguimiento. Tampoco basta que los vendedores estén en otra ciudad si no tienen autonomía para fijar precios, descuentos o plazos. Como el municipio no probó dónde se perfeccionaron las ventas, la empresa no estaba obligada a declarar allí. La lección es documental: hay que poder demostrar dónde se aprueban las condiciones de cada venta.
Si opera en varios municipios, debe identificar qué ingresos corresponden a cada jurisdicción según las reglas de territorialidad y declarar en cada una solo los ingresos allí causados. Los ingresos gravados en otro municipio se excluyen de la base, siempre que se prueben con contratos, facturas, certificados contables y las declaraciones presentadas allí.
La doble tributación aparece cuando el municipio de la sede grava todos los ingresos y otro reclama los mismos. Estos son los errores más frecuentes:
Si un municipio donde no tiene sede le envió un emplazamiento o un requerimiento de información, la primera respuesta define buena parte del caso. Los abogados tributarios de Affirma Legal revisan sus contratos y soportes para establecer dónde se causó realmente el impuesto y cómo responder un requerimiento de ICA. Agende su consulta o escríbanos al 3175155125.
El ICA se calcula multiplicando la base gravable por la tarifa del municipio. La base son los ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo, menos devoluciones, descuentos, exportaciones, venta de activos fijos e ingresos exentos o no sujetos. La tarifa general va del 2 al 7 por mil en industria y del 2 al 10 por mil en comercio y servicios.
Así lo dispone el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016. Hay bases especiales: agencias de publicidad, administradores y corredores inmobiliarios y corredores de seguros tributan sobre sus honorarios y comisiones, y los distribuidores de combustibles conservan la base del artículo 67 de la Ley 383 de 1997. Bogotá tiene un régimen especial (Decreto Ley 1421 de 1993), por lo que su tabla no coincide exactamente con los rangos generales. Ejemplo con una tarifa de 8 por mil:
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Ingresos brutos del año en el municipio (incluye la venta de un vehículo de la empresa) | $950.000.000 |
| (–) Devoluciones y descuentos | $20.000.000 |
| (–) Exportación de servicios | $80.000.000 |
| (–) Venta de activo fijo | $50.000.000 |
| = Base gravable | $800.000.000 |
| ICA (8 por mil) | $6.400.000 |
| Avisos y tableros (15 % del ICA), solo si hay avisos en espacio público | $960.000 |
| Sobretasa bomberil (ejemplo: 1 % del ICA), si el municipio la adoptó | $64.000 |
| Total a cargo antes de retenciones y anticipos | $7.424.000 |
El ICA cambia porque cada concejo adopta el impuesto en su estatuto tributario y decide, dentro de los límites legales, la tarifa por actividad, la periodicidad (anual o bimestral), el calendario, las exenciones temporales y las sobretasas. Ningún municipio puede modificar el hecho generador, los sujetos pasivos, la base gravable ni las reglas de territorialidad.
Para reducir la dispersión, el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016 obliga a usar el formulario único nacional y a armonizar los códigos de actividad con la CIIU de la DIAN. El procedimiento y las sanciones siguen el Estatuto Tributario Nacional, ajustados por cada municipio (art. 59 de la Ley 788 de 2002). Aun así, quien opera en varias ciudades debe revisar el estatuto y el calendario de cada una.
El Acuerdo Distrital 1084 de 2026, expedido el 8 de octubre y publicado en el Registro Distrital 8679 del 9 de octubre de 2026, muestra cómo un municipio usa ese margen. Su artículo 21 reorganizó las tarifas por código CIIU: quienes declaran cada bimestre las aplican desde el bimestre siguiente a la aprobación del acuerdo (noviembre-diciembre de 2026) y quienes declaran anualmente, desde el 1 de enero de 2027. Algunas tarifas nuevas:
| Actividad en Bogotá (código CIIU) | Tarifa nueva (por mil) |
|---|---|
| Actividades jurídicas (6910); contabilidad, auditoría y asesoría tributaria (6920); consultoría de gestión (7020); ingeniería (7112) | 8 |
| Desarrollo de software (6201) y publicidad (7310) | 10 |
| Consultoría informática (6202) | 7 |
| Restaurantes (5611) y hoteles (5511) | 12 (antes 13,8) |
| Comercio de alimentos y de medicamentos | 4 |
| Bancos, seguros y factoring | 20 hasta 2027; 19 en 2028; 18 desde 2029 (antes 14) |
Desde el 1 de enero de 2027, según el artículo 26, quien tuvo un ICA a cargo superior a 391 UVT el año anterior (cerca de $20,5 millones con la UVT de 2026) queda en el régimen común y declara bimestralmente; quien no lo superó queda en el preferencial y declara una vez al año. Quien inicia actividades en Bogotá es preferencial durante su primer año. El acuerdo también creó exenciones y descuentos de ICA para nuevas inversiones y ajustó las tarifas distritales del SIMPLE.
Sí. Desde el año gravable 2023, el 100 % del ICA efectivamente pagado es deducible en el impuesto sobre la renta, conforme al artículo 115 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 2277 de 2022. Ya no puede tomarse como descuento tributario del 50 %, y el pago debe hacerse antes de presentar la declaración inicial de renta.
La DIAN lo reiteró en el Concepto 002065 de 2025, que exige además relación de causalidad con la actividad productora de renta (art. 115-1 E.T.). Tomar hoy el antiguo descuento expone a una sanción por inexactitud.
El ICA es el impuesto que se causa por la actividad. El ReteICA es un recaudo anticipado: el cliente retiene parte del ICA al pagar y la consigna al municipio, y el contribuyente la resta en su declaración. El SIMPLE es un régimen nacional opcional que integra el ICA consolidado y lo recauda a través de la DIAN.
| ICA | ReteICA | SIMPLE | |
|---|---|---|---|
| Naturaleza | Impuesto municipal | Anticipo retenido por el cliente | Régimen nacional opcional |
| Quién declara | El contribuyente | El agente retenedor | El inscrito en el SIMPLE |
| Ante quién | Cada municipio | El municipio donde se retuvo | La DIAN, que gira a los municipios |
| Qué incluye | ICA, avisos y tableros, sobretasa bomberil | Solo la retención | ICA consolidado |
El SIMPLE está regulado en los artículos 903 y siguientes del Estatuto Tributario, y las tarifas del ICA consolidado las fija cada concejo. Las obligaciones de los agentes retenedores y los requerimientos por ReteICA se tratan en nuestra guía sobre cómo responder un requerimiento de ICA.
La asesoría conviene cuando la empresa opera en varios municipios, cuando un municipio donde no tiene sede le pide declarar o la sanciona, cuando sospecha que pagó dos veces sobre los mismos ingresos o cuando va a invertir y quiere acceder a incentivos municipales. En esos casos, el análisis de territorialidad y de las pruebas cambia el resultado.
El cálculo periódico suele estar a cargo del área contable; el abogado tributario interviene cuando hay una discusión jurídica. En Affirma Legal acompañamos:
Si está evaluando a quién acudir, nuestra guía sobre abogados tributarios en Colombia explica qué revisar antes de contratar.
Sí. El ICA se calcula sobre los ingresos brutos del periodo, no sobre la utilidad. Una empresa con pérdidas contables debe declararlo y pagarlo si realizó actividades gravadas en el municipio. Lo que reduce la base son las devoluciones, los descuentos, las exportaciones, la venta de activos fijos y los ingresos exentos o no sujetos.
Sí, si presta servicios sin relación laboral a cambio de una remuneración, porque esa es la definición de actividad de servicios del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016. Debe inscribirse en el registro de ICA del municipio donde ejecuta sus servicios y, si sus ingresos son bajos, puede quedar en el régimen preferencial de ese municipio.
La regla legal es el lugar donde se ejecuta el servicio, y la ley no trae una norma especial para el trabajo remoto. El Ministerio de Hacienda la asocia con el lugar donde están quienes prestan el servicio o sus equipos, caso a caso. Si dos municipios reclaman los mismos ingresos, la prueba central es el soporte del lugar de prestación.
Sí. Según el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, las ventas directas por internet, catálogo, correo, televentas o medios electrónicos se gravan en el municipio desde donde se despacha la mercancía, sin importar el domicilio del comprador ni el lugar de entrega. La Corte Constitucional avaló esta regla en la Sentencia C-056 de 2019.
El municipio puede emplazarlo para declarar, imponer la sanción por no declarar prevista en su estatuto conforme al Estatuto Tributario, liquidar el impuesto de oficio (liquidación de aforo), cobrar intereses de mora e iniciar el cobro coactivo. Si en realidad no realizó la actividad allí, la defensa se centra en la territorialidad y en las pruebas.
Depende del municipio. La mayoría exige una declaración anual, y algunos tienen declaraciones bimestrales para contribuyentes grandes. En Bogotá, desde 2027, declara bimestralmente quien tuvo un ICA a cargo superior a 391 UVT el año anterior, y anualmente quien no lo superó o apenas inicia actividades. Revise el calendario de cada municipio donde opera.
El ICA parece sencillo hasta que la operación cruza los límites de un municipio. Desde ese momento, la clasificación de la actividad y las reglas de territorialidad deciden cuánto paga y dónde, y los errores suelen descubrirse cuando llega un emplazamiento o cuando dos municipios cobran los mismos ingresos. La jurisprudencia de 2026 confirma que estos casos se ganan con pruebas.
Si su empresa opera en varios municipios, recibió un emplazamiento de ICA o cree haber pagado dos veces, el equipo de derecho tributario de Affirma Legal puede revisar su caso. Agende una consulta, escríbanos al 3175155125 o use nuestro formulario de contacto.
Síganos en Facebook como: Affirmalegal, en Instagram como: @Affirmalegal y en Tiktok como: @affirma_legal
Autor: Equipo de derecho tributario – Affirma Legal.


