Abril 23, 2026
En el ecosistema empresarial colombiano actual, la planeación tributaria no es un lujo reservado para grandes corporaciones: es una herramienta jurídica de supervivencia que toda empresa, sin importar su tamaño, debe ejercer con rigor y actualidad normativa. El año 2026 ha puesto a prueba esa premisa de manera dramática: en apenas tres meses (enero–marzo), el gobierno nacional expidió dos decretos de emergencia que crearon un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas, un impuesto de normalización tributaria al 19%, un impuesto al consumo sobre juegos de azar en línea y mecanismos transitorios de conciliación con la DIAN. Para quien no contaba con una hoja de ruta fiscal robusta, estas medidas llegaron como un impacto financiero inesperado. Para quien sí planificó, representaron, en cambio, una ventana de oportunidades.
Esta guía, elaborada por los abogados especializados en derecho tributario de Affirma Legal, examina en profundidad qué es la planeación tributaria, cuáles son sus fundamentos legales en el ordenamiento jurídico colombiano, cuáles son los pasos metodológicos para estructurarla correctamente y, sobre todo, cuáles son los beneficios fiscales vigentes para 2026, incluyendo el tratamiento estratégico de las medidas extraordinarias derivadas de la emergencia económica, social y ecológica.
La planeación tributaria, también denominada estructuración tributaria o planeación fiscal, es el proceso mediante el cual un contribuyente, con asesoría especializada, organiza sus operaciones financieras, comerciales, societarias y contractuales de forma anticipada para aprovechar al máximo los beneficios, deducciones, exenciones, descuentos y regímenes especiales consagrados en la ley, con el propósito de reducir legítimamente su carga impositiva. La planeación no es sinónimo de evasión ni de elusión: es el ejercicio consciente de un derecho fundamental reconocido por el propio ordenamiento tributario colombiano.
En términos jurídicos, la licitud de la planeación tributaria tiene respaldo constitucional directo en el artículo 95, numeral 9, de la Constitución Política, que establece el deber ciudadano de contribuir 'conforme a los conceptos de justicia y equidad'. Ese 'conforme a' implica que el contribuyente tiene el derecho de estructurar sus asuntos de manera que tribute lo que la ley efectivamente le exige, no más. El Consejo de Estado ha reiterado este principio en múltiples ocasiones, distinguiendo claramente entre el aprovechamiento legítimo de beneficios fiscales y las conductas constitutivas de abuso del derecho o fraude a la ley tributaria.
Lo que hace diferente a la planeación tributaria de otras disciplinas es su carácter multidisciplinario. Para que una estructuración fiscal sea efectiva, el abogado tributarista debe combinar conocimientos de derecho societario (elección de tipo de sociedad, distribución de dividendos, regímenes holding), derecho contractual (estructuración de contratos de prestación de servicios, licencias, regalías), derecho internacional privado y tributación internacional (precios de transferencia, convenios para evitar doble imposición), y derecho corporativo (reorganizaciones empresariales, fusiones, escisiones). De ahí que la elección de un solo profesional sin visión periférica resulte insuficiente: la planeación tributaria exige una firma de abogados multidisciplinaria como Affirma Legal.
El entorno fiscal colombiano de 2026 se caracteriza por una inusitada volatilidad normativa generada por tres factores simultáneos: (i) el fracaso legislativo de dos leyes de financiamiento, el Proyecto de ley 300 de 2024 (Cámara) y el Proyecto de ley 283 de 2025 (Cámara) / 262 de 2025 (Senado), rechazadas ambas por el Congreso; (ii) la declaratoria de dos estados de emergencia económica, social y ecológica, el Decreto Legislativo 1390 de 2025 (suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional mediante Auto 082 de 2026 y declarado inexequible por la Sentencia C-079 de 2026) y el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026 (vigente, derivado de la crisis hidrometeorológica en ocho departamentos); y (iii) la consecuente proliferación de decretos legislativos de desarrollo con impacto tributario inmediato sobre empresas y establecimientos permanentes.
El resultado práctico para las empresas colombianas es un panorama de obligaciones extraordinarias que no existían en el presupuesto fiscal del año: el impuesto al patrimonio para personas jurídicas (Decreto 173 de 2026), su extensión a establecimientos permanentes y sucursales de entidades extranjeras (Decreto 0240 de 2026), el impuesto de normalización tributaria (Decreto 0240 de 2026) y los incentivos transitorios para ponerse al día ante la DIAN. Una planeación tributaria actualizada permite no solo cumplir estas obligaciones oportunamente, sino convertirlas en ventajas estratégicas.
DATO CLAVE: El valor de la UVT para 2026 es de $52.374 COP, con base en la variación del IPC noviembre 2024–noviembre 2025 (5,3%). Este dato es el ancla de todos los umbrales tributarios vigentes: patrimonio mínimo (200.000 UVT = $10.474.800.000), obligación de renta personas naturales (1.400 UVT = $73.323.600), régimen simple (100.000 UVT = $5.237.400.000), entre otros.
El punto de partida de toda planeación tributaria es una radiografía integral de la empresa: su forma jurídica (SAS, SA, Ltda., sociedad de hecho), su régimen tributario (ordinario, simple, régimen especial), su actividad económica (código CIIU), su estructura de ingresos y gastos, sus activos y pasivos, tanto en Colombia como en el exterior, su situación ante la DIAN (deudas, declaraciones omitidas, procesos en curso) y sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Esta fase de diagnóstico es irreemplazable: los vehículos jurídicos que serán eficientes para una compañía manufacturera con inversiones en Ecuador pueden ser completamente inútiles o incluso contraproducentes, para una empresa de servicios tecnológicos con sede en Bogotá.
Una revisión honesta del diagnóstico implica absoluta transparencia sobre todos los activos, cuentas e ingresos: los que figuran en declaraciones tributarias, los que están a nombre de terceros y los que pueden constituir activos omitidos susceptibles de normalización. Este último punto ha cobrado especial relevancia con el impuesto de normalización tributaria creado por el Decreto 0240 de 2026, que ofrece una tarifa del 19% sobre activos omitidos o pasivos inexistentes, con exoneración de renta líquida por comparación patrimonial y sin acción penal sobre los activos normalizados.
La segunda fase exige un análisis actualizado y exhaustivo del marco legal aplicable al contribuyente: el Estatuto Tributario Nacional y sus modificaciones (Leyes 2277 de 2022, 2010 de 2019, 1943 de 2018), los decretos reglamentarios pertinentes, las circulares y conceptos de la DIAN con fuerza vinculante, y la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia fiscal. En 2026, este análisis debe incorporar necesariamente el Decreto Legislativo 173 (impuesto al patrimonio personas jurídicas), el Decreto 0240 (normalización, conciliaciones y alivios DIAN), y la Sentencia C-079 de 2026 (que declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025 y delimita el alcance de las medidas extraordinarias vigentes).
Ningún contador ni abogado puede estructurar una planeación tributaria eficiente sin saber, por ejemplo, que la tarifa general de renta para personas jurídicas se mantiene en el 35% sobre la renta líquida gravable, pero que determinadas actividades: economía naranja, zonas PDET, empresas de energías renovables, zonas francas, gozan de tarifas diferenciadas que pueden reducir esa carga significativamente.
La planeación tributaria no es un ejercicio exclusivamente legal: requiere que accionistas, junta directiva, equipo financiero, contador y abogado tributarista analicen conjuntamente los estados financieros, las proyecciones de ingresos, la estructura de costos deducibles, los activos en proceso de adquisición y las inversiones proyectadas. La razón es sencilla: muchas oportunidades de ahorro fiscal dependen de decisiones operativas, ¿en qué período fiscal se ejecuta esta inversión?, ¿cómo se estructura esta contratación para maximizar la deducibilidad?, que deben ser adoptadas antes de que ocurran las transacciones, no después.
Este análisis debe revisar, entre otros aspectos: los ingresos gravados, exentos y no constitutivos de renta; los gastos y costos deducibles; las inversiones que generan descuentos tributarios (ciencia, tecnología e innovación, primer empleo, energías renovables); las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores; los excesos de renta presuntiva; y la proyección de dividendos y su tratamiento fiscal.
Con el diagnóstico completo y el marco normativo claro, el equipo de planeación puede identificar los beneficios fiscales concretos que la empresa puede aprovechar. Esta fase es la que produce mayor valor: encontrar rentas exentas aplicables, descuentos tributarios que la empresa no está usando, o detectar que el régimen simple de tributación sería más eficiente que el régimen ordinario puede representar ahorros de decenas o cientos de millones de pesos anuales. Los beneficios más relevantes para personas jurídicas en 2026 se desarrollan en detalle en la sección siguiente.
El plan de acción es el documento que traduce el análisis tributario en decisiones concretas: qué contratos restructurar, qué inversiones adelantar, qué tipo societario conviene, cómo distribuir utilidades eficientemente, cuándo y cómo acogerse a beneficios transitorios como los alivios de la DIAN vigentes hasta el 30 de abril de 2026. La implementación exige trabajo legal real: constitución de vehículos societarios, formalización de contratos intercompany, solicitudes ante la DIAN, inscripciones en registros especiales. El tiempo que toma esta implementación debe contemplarse en el calendario fiscal.
La planeación tributaria no termina con la implementación: requiere un monitoreo permanente de la normativa fiscal, de las posiciones de la DIAN y de la jurisprudencia, así como una evaluación anual de si los vehículos jurídicos adoptados siguen siendo eficientes ante los cambios legales. En el entorno de 2026, donde la normativa tributaria ha cambiado en tres ocasiones distintas en menos de noventa días, este monitoreo activo es más crítico que nunca.
La tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas se mantiene en el 35% sobre la renta líquida gravable para la vigencia 2025 (declarable en 2026), conforme al artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, la renta líquida gravable sobre la que se aplica ese porcentaje puede reducirse sustancialmente a través de una planeación rigurosa:
El Régimen SIMPLE (arts. 903 y ss. del ET), creado por la Ley 2010 de 2019, ofrece a ciertas empresas una tributación integrada y simplificada: un único tributo que reemplaza renta, el componente de ganancias ocasionales, el ICA municipal (en la mayoría de municipios adheridos) y el IVA sobre algunos servicios. Para acceder en 2026, los ingresos ordinarios gravados del año 2025 no deben superar 100.000 UVT ($5.237.400.000 COP).
La evaluación del SIMPLE frente al régimen ordinario debe hacerse caso por caso. El SIMPLE es ventajoso para actividades con bajos costos y gastos deducibles, donde la tarifa integrada resulta inferior al 35% de renta ordinaria. Sin embargo, en actividades con altos gastos deducibles, pérdidas acumuladas compensables o rentas exentas disponibles, el régimen ordinario puede ser más eficiente. Este análisis comparativo es uno de los primeros ejercicios que el equipo de planeación realiza para cada cliente.
El régimen holding (art. 894 y ss. del ET, reglamentado por el Decreto 598 de 2020, en desarrollo de la Ley 2010 de 2019) es uno de los instrumentos de planeación tributaria más potentes para grupos empresariales. Bajo este régimen, una sociedad holding colombiana que controle o participe en otras sociedades colombianas o extranjeras puede gozar de:
Este régimen es especialmente valioso para empresas colombianas con operaciones en Latinoamérica o con capital extranjero que buscan estructurar sus inversiones de manera fiscalmente eficiente.
Las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC, reguladas por la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1650 de 2017) y las Áreas de Desarrollo Rural, Económico y Social en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET, Ley 1955 de 2019, art. 268) ofrecen tarifas reducidas de renta que pueden llegar al 0% para nuevas empresas y al 50% de la tarifa general para otras, según el período y la zona. Para empresas que puedan ubicar operaciones en estas zonas, la reducción fiscal es significativa y la planeación debe contemplar los requisitos de empleo local y actividades permitidas.
El artículo 255 del ET establece un descuento del 25% sobre el impuesto de renta para inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Adicionalmente, las inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales renovables (FNCER) pueden gozar de exención de renta por 5 años (art. 235-2 num. 4 ET) y descuento especial del IVA en la adquisición de equipos (art. 258-2 ET). Estas ventajas se alinean con la tendencia de inversión sostenible y pueden estructurarse como parte integral de la estrategia tributaria empresarial.
El Decreto Legislativo 173 del 24 de febrero de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia declarado por el Decreto Legislativo 150 de 2026, adicionó el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, creando un impuesto al patrimonio de causación instantánea con fecha de corte el 1.° de marzo de 2026, exclusivamente para la vigencia fiscal 2026. Este impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios que posean un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 200.000 UVT —equivalentes a $10.474.800.000 COP— en esa fecha.
Posteriormente, el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026 amplió el alcance del impuesto a los establecimientos permanentes y sucursales de entidades del exterior, con fecha de corte el 31 de marzo de 2026, corrigiendo una asimetría que el Decreto 173 había dejado sin resolver. La tarifa aplicable es del 0,5% general y del 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo (carbón y petróleo).
| Elemento | Personas Jurídicas (D. 173) | Establecimientos Permanentes (D. 0240) |
|---|---|---|
| Fecha de causación | 1 de marzo de 2026 | 31 de marzo de 2026 |
| Umbral mínimo | 200.000 UVT ($10.474.800.000) | 200.000 UVT ($10.474.800.000) |
| Tarifa general | 0,50% | 0,50% |
| Tarifa sector financiero/extractivo | 1,60% | 1,60% |
| Presentación declaración | 1 de abril de 2026 | 30 de abril de 2026 |
| Primera cuota (50%) | 1 de abril de 2026 | 30 de abril de 2026 |
| Segunda cuota (50%) | Mayo de 2026 | 1 de junio de 2026 |
| ¿Es deducible en renta? | NO (art. 298-6 ET) | NO (art. 298-6 ET) |
| Registro contable | Contra reservas o resultados del ejercicio 2026 | Contra reservas o resultados del ejercicio 2026 |
Desde la perspectiva de la planeación tributaria, la existencia de reglas antiabuso específicas en el Decreto 173, en particular la norma antielusión que obliga a sumar patrimonios en escisiones realizadas entre la entrada en vigor del decreto y el 1.° de marzo de 2026, evidencia que cualquier maniobra societaria de reducción patrimonial posterior a esa fecha era ineficaz. La planeación tributaria legítima en este contexto se orienta, en cambio, hacia la correcta determinación de las exclusiones de la base gravable: el valor patrimonial neto de acciones en sociedades nacionales (para evitar doble imposición), las reservas de protección de aportes sociales (art. 19-4 ET), y los activos ambientales de empresas de acueducto y alcantarillado.
IMPORTANTE: La Sentencia C-079 de 2026 de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025 (primera emergencia económica de diciembre de 2025). Esta decisión NO afecta el impuesto al patrimonio de personas jurídicas establecido en el Decreto 173 de 2026, que se enmarca en una emergencia distinta y autónoma (Decreto Legislativo 150 de 2026). Los Decretos 173 y 0240 de 2026 permanecen plenamente vigentes.
El artículo 7 del Decreto 0240 de 2026 creó el impuesto complementario de normalización tributaria por el año gravable 2026, aplicable a contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean activos omitidos o pasivos inexistentes a 1.° de abril de 2026. La tarifa es del 19% sobre el costo fiscal de los activos omitidos o subvalorados (o del valor fiscal de los pasivos inexistentes). La declaración debe presentarse a más tardar el 31 de julio de 2026 sin posibilidad de presentación extemporánea.
Los incentivos para acogerse son significativos: (i) no habrá lugar a comparación patrimonial ni a renta líquida gravable por los activos declarados; (ii) no se generarán sanciones en renta, IVA, precios de transferencia, información exógena ni impuesto al patrimonio; (iii) no habrá acción penal por la omisión de esos activos, siempre que no tengan origen ilícito; y (iv) el registro extemporáneo ante el Banco de la República de inversiones en el exterior no generará infracción cambiaria, cuando se acredite el número de la declaración de normalización.
Este mecanismo es especialmente relevante para empresas con estructuras patrimoniales complejas, con activos en el exterior no declarados, o con pasivos ficticios utilizados para reducir la base gravable en ejercicios anteriores. La planeación tributaria en este contexto implica una auditoría patrimonial interna, la determinación del costo fiscal de los activos omitidos conforme al Título II del Libro I del ET, y la evaluación del impacto sobre las declaraciones subsiguientes.
El Decreto 0240 de 2026 consagró un conjunto de mecanismos de alivio para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora o con declaraciones omitidas, cuya aplicación adecuada puede representar ahorros sustanciales. Los artículos 3 a 6 del decreto establecen:
| Mecanismo | Beneficio | Requisito | Plazo |
|---|---|---|---|
| Pago de obligaciones en mora (art. 3) | Pago de solo 15% de sanciones + intereses al 4,5% | Pago del 100% de la obligación principal | 30 abril 2026 |
| Declaraciones omitidas (art. 4 num. 1) | Sanción por extemporaneidad reducida al 15%, sin intereses de mora | Presentar declaración hasta 30/nov/2025 | 30 abril 2026 |
| Corrección de declaraciones (art. 4 num. 2) | Sanción por corrección reducida al 15%, sin intereses de mora | Declaraciones hasta 31/dic/2025 | 30 abril 2026 |
| Subsanación de obligaciones formales (art. 5) | Pago del 3% ingresos brutos o 2% patrimonio bruto 2025 | Sanción máx. 1.500 UVT | 30 abril 2026 |
| Conciliación contencioso-administrativa (art. 6) | Reducción del 85%/80% de sanciones e intereses al 4,5% | Pago del 100% del impuesto en discusión | 30 junio 2026 |
Para empresas con litigios activos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la conciliación prevista en el artículo 6 del Decreto 0240 de 2026 merece especial atención. Los contribuyentes que hayan interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho antes del 31 de diciembre de 2025, y cuya demanda haya sido admitida, pueden conciliar el 85% de las sanciones e intereses en procesos de primera o única instancia, o el 80% en procesos de segunda instancia, pagando el 100% del impuesto discutido y una tasa de interés reducida del 4,5% anual. La solicitud de conciliación debe presentarse ante la DIAN hasta el 30 de junio de 2026.
Uno de los riesgos más críticos de la planeación tributaria es cruzar, inadvertidamente, la línea entre el aprovechamiento legítimo de beneficios fiscales y la elusión fiscal. La elusión consiste en el uso de formas jurídicas o artificios normativos que, siendo formalmente lícitos, tienen como único o principal propósito reducir o eliminar la carga tributaria de manera contraria al espíritu de la ley. A diferencia de la evasión, que implica ocultamiento de información o suministro de datos falsos a la DIAN, la elusión opera en el plano de lo aparentemente legal pero jurídicamente ilegítimo.
El Estatuto Tributario colombiano, en sus artículos 869 y siguientes (Cláusula General Antiabuso, introducida por la Ley 1607 de 2012 y reforzada por las leyes 1739 de 2014 y 1943 de 2018), le otorga a la DIAN la facultad de desconocer operaciones que carezcan de propósito de negocios y cuyo único o principal efecto sea obtener ventajas tributarias. Cuando la DIAN aplica la cláusula antiabuso, puede recaracterizar las operaciones, desconocer los efectos tributarios y liquidar el mayor impuesto con sus intereses y sanciones correspondientes.
El Decreto 0240 de 2026 reafirma esta lógica en el contexto del impuesto de normalización: el artículo 14 parágrafo establece que la DIAN tiene la facultad de desconocer toda operación o serie de operaciones cuyo propósito sea eludir las disposiciones de normalización, de conformidad con el artículo 869 del ET. De igual manera, el Decreto 173 de 2026 incorporó reglas antiabuso específicas para escisiones societarias realizadas antes de la fecha de causación del impuesto al patrimonio.
| Criterio | Planeación Tributaria | Elusión Fiscal |
|---|---|---|
| Base normativa | Aprovecha beneficios expresamente reconocidos por la ley | Explota vacíos o ambigüedades normativas |
| Sustancia económica | Las operaciones tienen propósito de negocios real | Las operaciones son artificiales, sin sustancia económica |
| Información a la DIAN | Total transparencia en declaraciones e informes | Información formalmente correcta pero engañosa en sustancia |
| Consecuencias | Lícita, fiscalmente eficiente, no genera sanciones | Perseguida por la DIAN vía cláusula antiabuso (art. 869 ET) |
| Sanción aplicable | Ninguna | Mayor impuesto + intereses + sanción de inexactitud (160% del ET) |
La distinción es capital: la planeación tributaria que realiza nuestra firma se construye siempre sobre operaciones con sustancia económica real, propósito de negocios genuino y total transparencia ante la DIAN. Cualquier estrategia que dependa de un vacío normativo o de una interpretación forzada de la ley no constituye planeación tributaria: es elusión, y sus consecuencias pueden ser devastadoras para la empresa y sus administradores.
La planeación tributaria efectiva se vale de múltiples instrumentos del derecho privado, societario, contractual e internacional. Entre los más relevantes para empresas colombianas en 2026:
Sí, es completamente legal. La planeación tributaria es el ejercicio del derecho legítimo de todo contribuyente a organizar sus asuntos de manera que tribute lo que la ley efectivamente le exige. El artículo 95, numeral 9, de la Constitución Política establece el deber de contribuir 'conforme a los conceptos de justicia y equidad', lo que implica que el contribuyente puede usar los beneficios, deducciones y regímenes especiales que el mismo ordenamiento jurídico reconoce. La clave es que las operaciones tengan sustancia económica real y no sean artificiosas.
La evasión fiscal implica el ocultamiento de información, la presentación de declaraciones falsas o la omisión de ingresos ante la DIAN: es una conducta delictiva tipificada en el artículo 402 del Código Penal. La planeación tributaria, en cambio, opera con total transparencia y dentro del marco legal, aprovechando beneficios reconocidos por la ley. La elusión fiscal se ubica en un punto intermedio: es formalmente lícita pero perseguida por la DIAN mediante la Cláusula General Antiabuso (art. 869 ET). Affirma Legal solo estructura planeación tributaria legítima.
No. Solo las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto de renta que posean un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000 COP) al 1.° de marzo de 2026. Están expresamente excluidas las empresas del sector salud, las intervenidas por el Estado, y las empresas de servicios públicos domiciliarios de municipios en la zona de emergencia. Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades extranjeras tienen fecha de causación el 31 de marzo de 2026, según el Decreto 0240 de 2026.
No. El artículo 18 del Decreto 0240 de 2026 reitera expresamente lo dispuesto en el artículo 298-6 del Estatuto Tributario: el valor cancelado por impuesto al patrimonio no será deducible ni descontable en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el mismo decreto establece que el impuesto puede ser registrado contablemente contra la cuenta de reservas o contra los resultados del ejercicio durante el año 2026, sin que eso cambie la obligación de pago.
Es un impuesto complementario de carácter temporal creado por el artículo 7 del Decreto 0240 de 2026, que aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos (no declarados o subvalorados) o pasivos inexistentes (registrados sin soporte real) a 1.° de abril de 2026. La tarifa es del 19% sobre el costo fiscal de esos activos o pasivos. La declaración debe presentarse a más tardar el 31 de julio de 2026, sin opción de presentación extemporánea. Como beneficio principal, normalizar activos no genera renta líquida gravable por comparación patrimonial ni acción penal.
Los alivios para pago de obligaciones en mora, declaraciones omitidas, corrección de declaraciones y subsanación de obligaciones formales vencen el 30 de abril de 2026. La conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria tiene plazo hasta el 30 de junio de 2026. Dado que estas fechas son próximas, resulta urgente consultar con abogados especializados para evaluar si su empresa puede acogerse a alguno de estos mecanismos.
El Régimen Simple de Tributación (arts. 903 y ss. del ET) es una alternativa para personas naturales y jurídicas cuyos ingresos ordinarios gravados del año 2025 no superen 100.000 UVT ($5.237.400.000 COP). Integra renta, ICA (en municipios adheridos) y algunos servicios de IVA en un solo tributo con tarifas que van del 1,8% al 8,5% según la actividad. La decisión de inscribirse debe evaluarse comparando la carga fiscal en el régimen ordinario frente al SIMPLE, considerando las deducciones, rentas exentas y beneficios disponibles en cada régimen.
El Decreto 173 de 2026 incorporó una regla antiabuso específica: las sociedades que hayan realizado escisiones entre la fecha de entrada en vigor del decreto (25 de febrero de 2026) y el 1.° de marzo de 2026 deben sumar los patrimonios líquidos de las sociedades escindidas y la beneficiaria. Si esa sumatoria supera 200.000 UVT, la sociedad beneficiaria es sujeto pasivo del impuesto como si la escisión no hubiera ocurrido. Esta norma ejemplifica la forma en que la autoridad tributaria previene la planeación abusiva.
El tiempo varía según la complejidad de la empresa y los vehículos jurídicos a implementar. Un diagnóstico inicial con identificación de beneficios puede completarse en 2 a 4 semanas. La implementación de vehículos más complejos, como la constitución de una holding, la restructuración de contratos intercompany o el trámite de beneficios especiales ante la DIAN, puede tomar de 1 a 6 meses. Por eso, la planeación tributaria debe iniciarse idealmente en el primer trimestre del año fiscal, o antes del cierre del ejercicio anterior.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo actualiza anualmente el listado de bienes con arancel del 0%, determinado con base en la clasificación CUODE de materias primas y bienes de capital no producidos en el país. En ejercicios de planeación tributaria para empresas importadoras, la revisión anual de este listado es fundamental para proyectar costos de importación y evaluar si la estructura arancelaria permite acceder a reducciones de carga fiscal en operaciones de comercio exterior.
Depende de la estructura. Como regla general, los dividendos de fuente extranjera son ingreso gravado en Colombia. Sin embargo, si la sociedad colombiana cumple los requisitos del régimen holding (art. 894 del ET), los dividendos provenientes del exterior pueden estar exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, si existe un CDI aplicable entre Colombia y el país de la filial, puede haber una reducción o eliminación de la retención en fuente en el país pagador. La estructuración correcta de esta cadena de dividendos es uno de los ejercicios más valiosos de la planeación tributaria internacional.
Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores son compensables contra rentas ordinarias futuras sin límite de porcentaje anual, dentro de los 12 años siguientes a su generación (según la normativa vigente tras la Ley 2010 de 2019). Una estrategia eficiente de compensación de pérdidas puede eliminar o reducir significativamente el impuesto de renta en los años en que la empresa retorne a la rentabilidad. La planeación tributaria debe definir cuántas pérdidas compensar en cada ejercicio para no perderlas por prescripción ni agotar innecesariamente el beneficio.
La Cláusula General Antiabuso (art. 869 del ET) permite a la DIAN desconocer o recaracterizar operaciones que carezcan de propósito de negocios y cuyo único o principal efecto sea obtener ventajas tributarias. Cuando aplica, la DIAN puede determinar el mayor impuesto, con sus intereses y la sanción de inexactitud del 160% sobre el mayor valor del impuesto. Esta cláusula no afecta la planeación tributaria legítima, que siempre se sustenta en operaciones con sustancia económica real, pero es una razón adicional para estructurar toda estrategia con el acompañamiento de abogados tributarios especializados.
Una pregunta que frecuentemente formulan los empresarios es: '¿cuánto ahorro con la planeación tributaria en comparación con lo que pago por la asesoría?' La respuesta, en la mayoría de los casos, es contundente. En un entorno donde Colombia tiene una de las tasas nominales de renta más altas de la región (35% general), donde el impuesto al patrimonio extraordinario de 2026 puede representar decenas de miles de dólares para medianas y grandes empresas, y donde los alivios transitorios de la DIAN pueden reducir hasta en un 85% las sanciones en litigios activos, el costo de no planificar suele ser exponencialmente mayor que el de asesorarse.
La planeación tributaria bien ejecutada no solo reduce impuestos: mejora la liquidez empresarial al evitar pagos innecesarios, reduce la exposición a sanciones e intereses de mora, protege la reputación corporativa ante la DIAN, y le permite a la empresa tomar decisiones de inversión y financiamiento con plena certeza sobre su carga fiscal real. Es, en síntesis, una herramienta de gestión empresarial tan fundamental como el presupuesto anual o el plan estratégico.
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Autor: Affirma Legal – Abogados Especializados en Derecho Tributario.
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