Octubre 21, 2026
Para demandar por negligencia médica en Colombia usted debe identificar quién responde (el médico, la clínica, la EPS o un hospital público), reunir la historia clínica y un dictamen pericial, agotar la conciliación extrajudicial y presentar la demanda ante el juez competente dentro del plazo legal. La vía —civil o contencioso administrativa— depende de si el prestador es privado o público, y equivocarse de vía o de plazo puede costarle el caso.
Esta guía explica el procedimiento completo con base en la normativa vigente a octubre de 2026. Si aún no tiene claro si lo que le ocurrió fue una falla o una complicación esperable, empiece por nuestra guía sobre qué es la negligencia médica y cómo identificarla.
La demanda puede dirigirse contra el médico que lo atendió, la clínica u hospital (IPS) donde ocurrió la atención, la EPS que la autorizó y la aseguradora de responsabilidad civil. Si el prestador es privado, el caso va a la jurisdicción civil; si es un hospital público, a la contencioso administrativa, mediante la demanda de reparación directa.
Demandar a todos los posibles responsables suele ser la estrategia correcta. Cuando varias personas causan un mismo daño, el artículo 2344 del Código Civil las hace solidariamente responsables: usted puede cobrar la totalidad de la condena a cualquiera de ellas.
| Demandado | Por qué responde | Ante qué juez |
|---|---|---|
| Médico particular | Por su propia culpa en la atención | Juez civil |
| Clínica u hospital privado (IPS) | Por fallas propias (personal, protocolos, infraestructura) y por quienes atienden en su nombre | Juez civil |
| EPS | Organiza y garantiza el servicio a través de su red; la Corte Suprema la ha declarado solidariamente responsable (sentencia del 17 de noviembre de 2011) | Juez civil |
| Hospital público o Empresa Social del Estado (ESE) | Por falla del servicio | Juez o tribunal administrativo (reparación directa) |
| Aseguradora de responsabilidad civil | Acción directa del artículo 1133 del Código de Comercio | El mismo juez del proceso principal |
Si entre los demandados hay al menos una entidad pública, el proceso completo suele tramitarse ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Debe probar tres elementos: el daño (la lesión, la secuela o la muerte), la culpa o falla en la atención (que se apartó de la lex artis, es decir, de las reglas técnicas de la medicina) y el nexo causal entre ambos. Como la obligación del médico es por regla general de medios, la culpa no se presume: debe demostrarse, casi siempre con un dictamen pericial.
La Corte Suprema de Justicia ha explicado que en las obligaciones de medios la culpa debe probarse, mientras que en las de resultado se presume (sentencia SC7110-2017). La regla de medios se aplica incluso a la cirugía estética, salvo que el médico haya prometido un resultado concreto (SC4786-2020). Por eso la demanda debe explicar con precisión qué hizo mal el profesional o la institución, y no limitarse a describir el mal resultado.
Dos figuras ayudan al paciente. La primera es la carga dinámica de la prueba (artículo 167 del Código General del Proceso): el juez puede exigir una prueba a la parte que está en mejor posición de aportarla, que en estos casos suele ser la clínica, porque tiene los registros y los protocolos. La segunda es la pérdida de oportunidad: cuando no puede demostrarse que una atención correcta habría evitado el daño, pero sí que la falla le quitó al paciente una posibilidad real de curarse o sobrevivir, los jueces reconocen una indemnización proporcional a esa posibilidad perdida.
La prueba central es la historia clínica completa, acompañada de un dictamen pericial de un médico de la misma especialidad. Se complementa con el consentimiento informado, fotos fechadas, facturas, incapacidades, conversaciones con la clínica, testimonios y, si hay pérdida de capacidad laboral, el dictamen de una junta de calificación.
Sí, en la mayoría de los casos. Contra prestadores privados, la conciliación extrajudicial es requisito para demandar en lo civil (artículo 67 de la Ley 2220 de 2022), salvo que se pidan medidas cautelares. Contra hospitales públicos, debe conciliarse ante la Procuraduría antes de la reparación directa (artículo 92). Sin ese requisito, la demanda se rechaza.
La conciliación es una audiencia ante un conciliador en la que las partes intentan un acuerdo. Si lo logran, el acta pone fin al conflicto y es exigible judicialmente; si no, el conciliador expide una constancia que le permite presentar la demanda. Explicamos el trámite completo en nuestra guía sobre la Ley 2220 de 2022 y el Estatuto de Conciliación.
Llegue preparado: con los perjuicios cuantificados, el dictamen pericial o al menos un concepto médico preliminar y una cifra mínima razonable. Aceptar una oferta sin haber valorado el daño es uno de los errores más costosos, porque el acuerdo cierra la posibilidad de reclamar después.
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El proceso tiene seis etapas: evaluación del caso y recolección de la historia clínica; dictamen pericial; conciliación extrajudicial; presentación de la demanda; audiencias, en las que se practican las pruebas; y sentencia, que puede apelarse. En lo civil se tramita como proceso verbal; contra el Estado, como reparación directa.
La demanda se tramita como proceso verbal ante el juez civil (artículo 368 del Código General del Proceso), que se desarrolla en una audiencia inicial y una de instrucción y juzgamiento (artículos 372 y 373). Los perjuicios materiales deben estimarse de forma razonada y bajo juramento (artículo 206): una estimación exagerada puede acarrear una sanción, por lo que conviene soportarla en cifras reales.
La vía es la reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 140 de la Ley 1437 de 2011), con fundamento en la falla del servicio. El juez o tribunal competente depende de la cuantía de las pretensiones.
Contra un hospital público tiene dos años, contados desde el día siguiente al hecho o desde que conoció el daño. Contra clínicas, médicos o EPS privados, la regla general es de diez años. Si además quiere acudir a la vía penal por lesiones culposas, la querella vence a los seis meses. El cómputo concreto debe revisarlo un abogado.
El plazo de dos años de la reparación directa (artículo 164, numeral 2, literal i, de la Ley 1437 de 2011) puede contarse desde el momento en que usted conoció o debió conocer el daño, si fue posterior al hecho, siempre que pruebe que no pudo conocerlo antes. Esto es relevante cuando las secuelas aparecen meses después. Algunas guías todavía citan el artículo 136 del antiguo Código Contencioso Administrativo, que ya no rige para estas demandas.
En la vía civil, el término general es de diez años (artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002). Para las clínicas y EPS, que responden de forma directa, la Corte Suprema aplica ese término y no los tres años que el artículo 2358 prevé para los "terceros responsables", aunque algunas defensas lo invocan. Si demanda directamente a la aseguradora, la Corte ha aplicado un término de cinco años desde el hecho (sentencia del 29 de junio de 2007). La solicitud de conciliación suspende los plazos solo por un tiempo limitado, así que no deje la reclamación para el final.
Se reclaman perjuicios materiales —daño emergente y lucro cesante, que se prueban con facturas, certificados de ingresos y cálculos actuariales— e inmateriales: daño moral, daño a la salud o a la vida de relación y daño estético. Los inmateriales se tasan en salarios mínimos según la gravedad del daño, con base en los parámetros fijados por la jurisprudencia.
| Perjuicio | Qué compensa | Cómo se prueba |
|---|---|---|
| Daño emergente | Gastos causados y futuros: tratamientos, cirugías correctivas, medicamentos, transporte | Facturas, cotizaciones, órdenes médicas |
| Lucro cesante | Ingresos que dejó o dejará de recibir | Certificados de ingresos, incapacidades, calificación de pérdida de capacidad laboral |
| Daño moral | Dolor, angustia y aflicción de la víctima y su familia | Se infiere en familiares cercanos en casos graves; testimonios |
| Daño a la salud o a la vida de relación | Afectación de la integridad física y de las actividades cotidianas | Dictamen médico y calificación de secuelas |
| Pérdida de oportunidad | La posibilidad real de curación o supervivencia que la falla eliminó | Dictamen pericial sobre esa posibilidad |
En las demandas contra el Estado, el Consejo de Estado unificó en 2014 los parámetros de los perjuicios inmateriales (sentencias del 28 de agosto de 2014, expedientes 26251 y 31172). Como referencia, en casos de muerte reconoce hasta 100 salarios mínimos por daño moral a los familiares más cercanos, y en lesiones gradúa el monto según su gravedad. Los jueces civiles tasan el daño moral según su prudente arbitrio.
La ley fija al juez civil un plazo de un año, contado desde la notificación de la demanda al demandado, para dictar sentencia de primera instancia, prorrogable por seis meses, y otros seis para la segunda (artículo 121 del Código General del Proceso). En la práctica, sumando la conciliación, la segunda instancia y la congestión judicial, estos procesos suelen tomar varios años.
Desde la sentencia C-443 de 2019 de la Corte Constitucional, vencer ese plazo no anula automáticamente lo actuado, por lo que no es una garantía de rapidez. La reparación directa no tiene un plazo equivalente y suele ser más extensa. Tres factores acortan el camino: una demanda bien estructurada desde el inicio, un dictamen pericial sólido que facilite la conciliación y la vinculación de la aseguradora, que con frecuencia propone acuerdos durante el proceso.
Sí. Si el médico es condenado, la víctima puede pedir la reparación en el incidente de reparación integral del proceso penal. En las lesiones culposas, que se tramitan por el procedimiento abreviado, puede incluso actuar como acusador privado e incluir su pretensión económica en la acusación. Lo que no puede es cobrar dos veces el mismo perjuicio.
Las lesiones personales culposas son querellables: la querella debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la conducta, y no se exige cuando la víctima es menor de edad (artículos 73 y 74 de la Ley 906 de 2004, modificados por la Ley 1826 de 2017). El homicidio culposo, en cambio, se investiga de oficio. Si la víctima formula la reparación en el proceso penal como acusador privado, esa pretensión no puede incluir lo que ya haya reclamado ante el juez civil (artículo 564 de la Ley 906 de 2004).
Los errores más costosos son dejar vencer los plazos, demandar sin dictamen pericial, equivocarse de jurisdicción, no vincular a la clínica, la EPS o la aseguradora, estimar mal los perjuicios bajo juramento y aceptar en la conciliación una oferta sin haber valorado el daño. Todos son evitables con una evaluación temprana del caso.
En la práctica, no es recomendable y en la mayoría de los casos no es posible: salvo los asuntos de mínima cuantía, la ley exige actuar por medio de abogado. Además, estos procesos dependen de pruebas técnicas, de la elección correcta de la vía y de plazos estrictos, en los que un error puede hacerle perder el derecho.
La ley da al juez civil un año desde la notificación de la demanda para dictar sentencia de primera instancia, prorrogable por seis meses. En la práctica, con la conciliación previa, la apelación y la congestión judicial, el proceso suele tomar varios años. Un acuerdo en la conciliación puede terminarlo mucho antes.
El conciliador expide una constancia de no acuerdo, que acredita el cumplimiento del requisito y le permite presentar la demanda ante el juez civil o administrativo. Las partes pueden volver a intentar un acuerdo durante el proceso, incluso en la audiencia inicial.
Sí, y suele ser lo más conveniente. Cuando varias personas causan el mismo daño responden solidariamente (artículo 2344 del Código Civil), de modo que usted puede cobrar la condena completa a cualquiera de ellas. También puede vincular a la EPS y a la aseguradora de responsabilidad civil.
Puede adelantar ambos, pero no cobrar dos veces el mismo perjuicio. La vía penal se dirige contra el médico; la civil o la administrativa, contra la institución, la EPS y su aseguradora. Un abogado debe coordinar ambas para que las pretensiones no se dupliquen ni se pierdan.
Depende de la gravedad del daño, de su prueba y de la jurisdicción. Se suman gastos, ingresos perdidos y perjuicios inmateriales. Como referencia, el Consejo de Estado reconoce hasta 100 salarios mínimos por daño moral a los familiares más cercanos en casos de muerte. Una estimación seria requiere revisar su caso concreto.
Una demanda por negligencia médica bien preparada empieza mucho antes de radicarse: con la historia clínica completa, un dictamen sólido, los demandados correctos y una conciliación en la que usted sepa cuánto vale su daño. Cada uno de esos pasos depende de plazos que no se detienen mientras usted decide.
Los abogados de Affirma Legal estructuran su caso con apoyo médico, lo representan en la conciliación y en el proceso civil, administrativo o penal, y le explican desde el inicio los costos y las expectativas reales. Agende su consulta, escríbanos a través de nuestro formulario de contacto o por WhatsApp al 3175155125.
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Autor: Equipo Legal – Affirma Legal.
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