Mayo 08, 2025
La conciliación se ha convertido en uno de los pilares más relevantes dentro del sistema de justicia colombiano, especialmente en el marco de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Sin embargo, el régimen legal anterior, basado principalmente en la Ley 640 de 2001, presentaba deficiencias estructurales frente a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y jurídicas. En respuesta a estas necesidades, el legislador expidió la Ley 2220 de 2022, una norma que no solo deroga la ley anterior, sino que establece un nuevo Estatuto de Conciliación, integrando aspectos técnicos, formativos y procedimentales que buscan modernizar, profesionalizar y democratizar este mecanismo.
Este nuevo estatuto tiene como propósito consolidar la conciliación como una forma legítima, eficaz y cada vez más profesionalizada de resolver conflictos civiles, familiares, comerciales, comunitarios, laborales, entre otros. Su implementación tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas que buscan una solución pacífica, rápida y jurídica a sus disputas.
La conciliación en derecho es un mecanismo de solución de conflictos en el cual las partes, asistidas por un conciliador profesional (abogado certificado), buscan alcanzar un acuerdo que tenga efectos jurídicos definitivos. A diferencia de la conciliación en equidad, que prioriza el sentido común o valores comunitarios, la conciliación en derecho se basa en normas jurídicas aplicables al caso concreto.
Por ejemplo, dos personas que tienen un conflicto por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento pueden acudir a un centro de conciliación, donde un conciliador en derecho los guía para encontrar un acuerdo ajustado a la ley civil. Si se logra un consenso, se levanta un acta con fuerza vinculante: tiene efectos de cosa juzgada y es ejecutable judicialmente, como si fuera una sentencia.
Esta forma de conciliación es utilizada ampliamente en áreas como derecho civil, comercial, de familia, y en algunos casos laborales y administrativos.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, el procedimiento de conciliación quedó estructurado de manera más clara y técnica, asegurando garantías de debido proceso. Estas son las etapas clave:
Puede ser presentada por cualquiera de las partes interesadas, de manera verbal o escrita, y también por canales electrónicos. Se debe indicar el conflicto, los datos de contacto y lo que se pretende conciliar.
El centro de conciliación evalúa si el asunto es conciliable. De ser así, designa un conciliador y fija la fecha para la audiencia.
Las partes son notificadas formalmente sobre la fecha, hora y lugar (presencial o virtual) en que se realizará la audiencia.
Las partes exponen su versión del conflicto. El conciliador guía el diálogo, propone salidas jurídicas viables y procura que se llegue a un acuerdo voluntario.
Si hay acuerdo, se elabora un acta firmada por todos. Este documento tiene fuerza ejecutiva y efectos de cosa juzgada. Si no hay acuerdo, se entrega constancia de imposibilidad de conciliación, lo cual habilita iniciar un proceso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores es el fortalecimiento del perfil del conciliador. La ley impone exigencias formativas tanto para los conciliadores en derecho (abogados con cursos certificados por el Ministerio de Justicia), como para los conciliadores en equidad (líderes sociales capacitados por programas comunitarios). Se pretende garantizar que quienes intervengan en este proceso tengan un conocimiento profundo no solo del procedimiento, sino también de herramientas psicosociales, de comunicación efectiva y de resolución no violenta de conflictos.
Además, se incorpora un registro nacional de conciliadores, que funcionará como base de datos para verificar la idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos legales de los facilitadores.
La nueva ley crea el Sistema Nacional de Conciliación, una instancia articuladora de políticas públicas entre el Ministerio de Justicia, las entidades territoriales, los centros de conciliación y las casas de justicia. Esta estructura busca homogeneizar estándares de calidad y promover el acceso en regiones históricamente excluidas del sistema judicial formal.
A diferencia del modelo anterior, el Estatuto de Conciliación reconoce un papel más amplio a la conciliación en equidad, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso. Estos conciliadores no requieren ser abogados, pero sí deben demostrar arraigo comunitario, liderazgo y formación básica, lo cual permite que sectores históricamente marginados tengan acceso a una forma legítima y culturalmente adaptada de justicia.
Uno de los aportes más notables de la Ley 2220 es la posibilidad de realizar conciliaciones de manera virtual, presencial o mixta, lo cual representa un avance sustancial frente a la realidad tecnológica y a los aprendizajes derivados de la pandemia por COVID-19.
El uso de plataformas digitales permite ampliar la cobertura del servicio, disminuir costos logísticos y facilitar el acceso para ciudadanos ubicados en regiones apartadas. Para ello, el Ministerio de Justicia expedirá directrices técnicas que garanticen la seguridad, validez y transparencia del procedimiento digital.
Aunque la conciliación busca ser un proceso accesible, la asistencia de un abogado especializado puede marcar una diferencia significativa en el resultado del acuerdo. Estas son algunas razones por las cuales contar con apoyo legal es altamente recomendable:
Finalmente, la Ley 2220 de 2022 no es solo una actualización normativa, sino una apuesta estructural por una justicia moderna, cercana al ciudadano y basada en la autocomposición. El nuevo Estatuto de Conciliación articula elementos jurídicos, pedagógicos, tecnológicos y comunitarios que permiten consolidar una justicia alternativa sólida y transformadora.
Si estás enfrentando un conflicto civil, familiar, contractual o comunitario, la conciliación puede ser el camino más rápido, económico y efectivo para resolverlo. Pero recuerda: contar con asesoría legal especializada es fundamental para que tus derechos estén plenamente protegidos y el acuerdo sea justo y viable.
En Affirma Legal, contamos con un equipo de abogados expertos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, capacitados para representarte en procesos de conciliación judicial o extrajudicial bajo los nuevos lineamientos de la Ley 2220 de 2022. Si necesitas orientación o deseas iniciar un trámite conciliatorio, contáctanos y permítenos brindarte una solución eficaz, jurídica y estratégica.
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