Diciembre 12, 2025
En Colombia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. En consecuencia, la protección de su vida, integridad física, salud, seguridad social, educación, recreación y alimentación equilibrada constituye una prioridad del Estado colombiano. Aunque persisten retos estructurales para garantizar plenamente esta protección, la Ley 2541 de 2025 surge como una medida legislativa orientada a hacer efectiva la prevalencia de los derechos de los menores dentro de los procesos judiciales de alimentos.
Esta norma introduce cambios relevantes en los procesos ejecutivos de alimentos, con el objetivo de evitar que los niños, niñas y adolescentes resulten afectados por la congestión judicial y la demora en la entrega de los recursos que garantizan su sostenimiento.
En el ordenamiento jurídico colombiano existen personas legalmente obligadas a suministrar alimentos a otras, principalmente por razón del parentesco. Tal es el caso de los padres y madres respecto de sus hijos. El concepto de alimentos, cuando se trata de menores de edad, debe entenderse en un sentido amplio y comprensivo.
Los alimentos incluyen todo aquello que resulta indispensable para el adecuado desarrollo del menor, tales como:
La finalidad de esta obligación es garantizar condiciones óptimas para el desarrollo físico, psicológico, espiritual, cultural y social del niño, niña o adolescente.
La obligación alimentaria debe ser asumida de manera conjunta por ambos padres, quienes pueden definir las condiciones mediante un acuerdo previo. Dicho acuerdo puede adoptar diversas formas:
Estos acuerdos constituyen el soporte jurídico para exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas, especialmente cuando se presentan incumplimientos que afectan directamente los derechos del menor.
Aunque el suministro de alimentos debe responder a un deber ético y moral, en la práctica existen situaciones en las que uno de los padres incumple total o parcialmente la obligación. En estos casos, el ordenamiento jurídico prevé el proceso ejecutivo de alimentos como mecanismo para garantizar el derecho del menor.
Para iniciar este proceso judicial, el demandante debe contar con un título ejecutivo, es decir, un documento que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, tales como:
El objetivo del proceso ejecutivo es que el juez de la República obligue al deudor alimentario a cumplir con sus obligaciones, incluso mediante el uso de mecanismos coercitivos.
Dentro del proceso ejecutivo de alimentos, el juez puede ordenar medidas cautelares para asegurar el pago de las obligaciones, tales como:
Los recursos embargados deben ser consignados en una cuenta de depósito judicial a órdenes del juzgado. Tradicionalmente, la entrega de estos dineros al demandante solo se producía en etapas finales del proceso, lo que implicaba demoras significativas que podían superar el año, afectando de manera directa el bienestar del menor.
La Ley 2541 de 2025, conocida como Ley Sarita, modificó disposiciones de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) con el fin de reglamentar la entrega anticipada de títulos de depósito judicial en los procesos ejecutivos de alimentos a favor de menores de edad.
Entre los principales cambios normativos se encuentran:
La Ley 2541 de 2025 introduce beneficios concretos orientados a la protección inmediata de los derechos del menor:
Estas medidas buscan reducir de manera significativa los tiempos de espera y garantizar que los recursos lleguen oportunamente a quienes dependen de ellos para su subsistencia.
La Ley Sarita entró en vigencia el 27 de agosto de 2025. A partir de esa fecha, los despachos judiciales en Colombia están obligados a actuar con mayor celeridad en los procesos de alimentos en los que estén involucrados niños, niñas y adolescentes.
Esta norma representa un esfuerzo por fortalecer la confianza en la administración de justicia y reafirma el compromiso del Estado con un enfoque preferencial en la protección de los derechos de los menores de edad.
Los procesos de alimentos requieren un manejo jurídico cuidadoso y especializado, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley 2541 de 2025. Contar con asesoría legal experta permite proteger de manera efectiva los derechos del menor y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias.
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Autor: Kevin Lozano Capera - Litigios de Affirma Legal
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